Los peligros de una ley que no considera las propuestas ciudadanas y multiplica los privilegios de los actuales operadores
28 de marzo de 2011
El Observatorio de Medios manifiesta a la opinión pública su malestar y preocupación por la forma en que se está terminando de tramitar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para el tránsito a la Tv digital terrestre. El resultado defrauda la esperanza que se había generado en la ciudadanía, en un primer momento, al ver que una parte importante de sus indicaciones fueron acogidas por un conjunto de parlamentarios en la Comisión de Cultura de la Cámara. Lamentablemente, al final del día, observamos que ni siquiera se consideraron las indicaciones más trascendentes que hacían posible la incorporación de nuevos operadores, capaces de proponer una oferta televisiva diversa y de calidad y que resultaron rechazadas o inadmisibles, por unanimidad, buena parte del resto de las indicaciones presentadas.
Nos parece incomprensible la votación unánime de los diputados presentes en la Comisión de Cultura, en tanto implica que los propios autores votaron en contra de sus propuestas, haciendo imposible su reposición en la sala, de acuerdo al reglamento. Esto sería el resultado de un acuerdo entre la oposición y Gobierno. Si se mantiene en la votación la aprobación de los pocos artículos sobre los cuales se llegó, al parecer, a un acuerdo, la tramitación en el Senado sería la última esperanza de corrección de tan grave situación.
Creemos, asimismo, que es insuficiente asignarle media hora de discusión en la Sala de la Cámara de Diputados a un proyecto de esta envergadura, importancia y complejidad. No se puede legislar bajo presión, con el pretexto que estamos atrasados en el tránsito a la TV digital, en relación a otros países latinoamericanos. Esto es falso como lo hemos probado en el sitio del Observatorio en repetidas ocasiones.
Es necesario destacar, sin embargo, que el proyecto introduce algunas mejoras con respecto al proyecto original, como es la facultad de la Fiscalía Nacional de la Libre Competencia de evitar que se produzca concentración económica en el mercado televisivo. También es destacable la ampliación de las facultades del CNTV en materia de estudios que permitan conocer de manera más profunda el impacto de la televisión en las audiencias y el surgimiento de subsidios para el ingreso de nuevos operadores, así como el enriquecimiento del concepto de “correcto funcionamiento” de la televisión chilena.
Sin embargo, se trata de pequeñas conquistas que no alcanzan a satisfacer las expectativas que ha generado la ley en diversas organizaciones ciudadanas y que fueron planteadas en numerosas ocasiones ante los parlamentarios. Por esta razón, hacemos un llamado a los diputados – en especial a aquellos que se han mostrado más atentos a la importancia de esta ley y han actuado en consecuencia- a exigir una ampliación del plazo de discusión del proyecto que salió de la Comisión de Cultura de la Cámara, de manera que tengan el tiempo suficiente para reponer las indicaciones más sentidas por la ciudadanía y eliminar aquellas que no hacen más que redoblar los privilegios de los grandes conglomerados televisivos, entregados exclusivamente a la lógica del mercado, lo cual se traduce en una programación de bajo nivel cultural, muy poco diversa, que traiciona la misión fundacional de la TV chilena.
Inquietud sobre la constitucionalidad del texto en instancia de votación
Es preciso advertir, también, que las falencias y anomalías del proyecto de ley, que expondremos, podrían ser consideradas inconstitucionales en la medida que atentan contra derechos fundamentales, tales como la igualdad de las personas ante la ley, la libertad de emprendimiento y la libertad de expresión.
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Cabe puntualizar que de aprobarse el proyecto tal y como ha salidos de las comisiones de la Cámara de Diputados , se estarían contraviniendo principios internacionales sobre el carácter de bien público del espectro radioeléctrico, esencial para el ejercicio de la libertad de expresión, y sobre la necesaria igualdad de acceso al espectro por las razones que exponemos a continuación.
Por una tv abierta y gratuita
¿Qué es lo más grave del proyecto en su estado actual?
1.- Pone en entredicho la gratuidad de la TV abierta
Se permite que los operadores empleen hasta un 50% de su capacidad espectral de televisión digital terrestre para TV de pago.
Esto contradice las expectativas del Observatorio que deseaba que se permitiera no más del 20% para el uso de pago (a lo más una señal de pago por cada operador y en ningún caso la señal principal) para garantizar el principio de que la TV abierta debe ser mayoritariamente gratuita y de libre acceso a todos los chilenos, evitándose las señales de cobro que harán surgir televidentes “de primera y segunda categoría”, como han señalado algunos analistas.
2.- Se mantiene la atribución de las concesiones en función de la aprobación de un informe técnico y no de las necesidades culturales, educativas y de diversidad de la población.
Se mantiene el absurdo de que las concesiones sean atribuidas en base a criterios exclusivamente técnicos, evaluados por el gobierno de turno a través de la Subtel y dejando al CNTV en el papel de buzón, sin verdaderas facultades en la atribución de concesiones.
El Observatorio siempre ha planteado, en esta materia, que es necesario exigir un proyecto programático general junto al proyecto técnico, de manera que aquellos canales interesados en usar el espectro radioeléctrico –bien de uso público perteneciente a todos los chilenos- expliciten de que manera contribuirán dentro de su programación al desarrollo cultural de los televidentes y cumplirán con el rol social que se le atribuye a un medio tan importante como la TV en una sociedad democrática. Daría más garantías de ecuanimidad en la atribución, un concurso público dirimido por un organismo como el CNTV, de carácter constitucional donde está representada buena parte de las corrientes políticas del país y alguna representación de sociedad civil si se modifica la constitución de sus miembros.
3- El proyecto no contribuye a bajar las barreras de acceso a la entrada de nuevos operadores con objetivos culturales o regionales, carentes de medios para instalar una red de difusión, pero con capacidad de producir nuevos contenidos.
El proyecto no menciona la posibilidad de que se cree con fondos estatales un teleradiodifusor público que sería una posibilidad concreta para que pudieran emitirse señales educativas, culturales y comunitarias diversas o incluso para finalidades de tele-gobierno, tele-medicina, tele-educación, etc. No se considera ninguna reserva para esto ni tampoco una segunda señal de TVN para ser destinada a este servicio público.
4- El proyecto no corrige las discriminaciones sobre la duración de las concesiones y las aumenta
El proyecto consagra el carácter indefinido de muchas concesiones actuales, tema altamente controvertido que representa una rareza mundial y agrega una nueva diferencia al señalar que aquellos operadores que transmitan con capacidades de terceros tendrán autorizaciones sólo por 5 años y 20 años para los que tienen también concesión de espectro. Es decir tendremos 3 tipos de duración de concesiones: indefinidas, de 20 años y de 5 años.
En este sentido el Observatorio siempre ha planteado que no deben existir concesiones indefinidas y que debe imperar un régimen igualitario para todos.
Esta discriminación se convertiría, de aprobarse, en un obstáculo para la viabilidad y capacidad para captar inversionistas o empréstitos de los nuevos operadores, sin capacidades propias de transmisión.
Una reserva de espectro real para la TV comunitaria
5- El proyecto puede convertir en nada la promesa de reserva de un 40% para la TV regional, local y comunitaria, anulando en la práctica, uno de los grandes aportes a la diversidad del proyecto.
El proyecto señala que el 40% de capacidades espectrales para la televisión cultural, local, comunitaria y regional, se calculará sobre el remanente del espectro, después de migrar los actuales operadores del sistema a UHF para iniciar el simulcasting. No considera el 40% del total del espectro asignable.
Esto hace prever que será muy poco el espacio disponible en el espectro para este tipo de televisiones ya que no se les asegura un porcentaje sobre el espectro real, sino sobre lo que quede (que puede ser nada o muy poco para las expectativas que se han generado).
6. El proyecto impone obligaciones discriminatorias a los nuevos entrantes en relación a los actuales operadores en cuanto a los plazos para entrar en vigencia
El proyecto exige que los operadores UHF que migran tengan solo 18 meses para llegar a un cien por ciento de cobertura, mientras los canales VHF tienen 3 años para completar el 85 por ciento de cobertura y 5 para la totalidad.
7- El proyecto desvirtúa el sentido de las campañas de interés público que deben transmitir obligatoriamente los canales.
El proyecto permite que los spot de las campañas de interés público, cuando afecten la línea editorial del canal, puedan ser creados por los propios canales, y luego aprobados por el CNTV.
En este sentido, el Observatorio ha planteado que las campañas públicas debieran traducirse en mensajes únicos para ser difundidos de acuerdo a criterios de interés general aprobados por el CNTV, sin posibilidad de que los canales ejerzan censura previa sobre sus contenidos en tanto es un espacio donde la responsabilidad de los contenidos la tiene el Estado. De lo contrario, se desvirtúa el sentido de una campaña masiva y se le entregan señales equívocas y ambiguas a la población.